Ana Rueda llevaba 13 de sus 48 años trabajando en Notimex. Sindicalizada como trabajadora de base, esta editora tuvo una muerte en su familia a principios de junio. "[Era] la esposa de mi único hijo", cuenta, así que avisó a sus jefes y al sindicato y les pidió un par de días para poder acompañar en el duelo. Tras el luto volvió a su puesto de trabajo, pero a la semana la llamó la directora editorial a su despacho, donde estaban otros dos superiores.

"Me dijo que no había nada que hacer, que tenía dos faltas injustificadas y [por eso] me despedían", comenta. Le pusieron delante un documento: "Me dijo que tenía que firmar mi renuncia, que me aconsejaba que lo hiciera. Todo el rato me pedían firmar. Yo me negué. Cuando salí de su despacho, me vino a buscar un policía con uno de los ejecutivos para acompañarme a mi lugar a recoger mis cosas y escoltarme hasta la puerta". Rueda tiene ese paseo grabado, además de en su memoria, en video.

De acuerdo con una base de datos suministrada vía transparencia por la Secretaría de la Función Pública, entre trabajadores de base, confianza, honorarios y eventuales, han presentado su renuncia al menos 21 mil 727 en 263 dependencias y organismos desde el 1 de diciembre hasta el 15 de mayo.

Para comparar inicios de administración, en el primer enero de Enrique Peña Nieto como presidente se dieron de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social 3 mil 841 trabajadores públicos de empresas administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal, mientras que con Andrés Manuel López Obrador han sido 10 mil 585 bajas. En ambas administraciones, tras esta baja, subió el número de asegurados en febrero y marzo.

Sólo Rueda, de los nueve funcionarios públicos despedidos —cinco de base, dos de servicio profesional de carrera, uno de confianza y uno por honorarios— que EL UNIVERSAL entrevistó, se ha atrevido a que aparezca su nombre real. La mayoría tiene miedo de exponerse a represalias por parte de sus antiguos jefes o ingresar en una suerte de lista negra que les dificulte volver a trabajar en la administración federal.

Todos relatan presiones similares para hacerles presentar su renuncia, y ninguno —aunque en algunos casos ya hayan pasado por las transiciones entre Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— recuerda un cambio de administración tan agresivo como éste en el ámbito laboral.

Ella y los otros trabajadores de base entrevistados no pueden evitar recordar las palabras de López Obrador del 4 de enero de 2019, cuando en la conferencia matutina aseguró que "todo el ajuste administrativo tiene que ver con el personal de confianza de los altos niveles de la burocracia" y que los "trabajadores de base sindicalizados no deben de ser removidos".

Cuando el Jefe del Ejecutivo pronunció estas palabras, 356 trabajadores de base habían renunciado a sus puestos desde el 1 de diciembre. Para el 15 de mayo, la cifra había subido hasta mil 657. De las 21 mil renuncias, los puestos más comunes son directores y subdirectores, pero también vigilantes, auxiliares de librería y carteros.

Ayer se filtró que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, mandó un oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que aseguraba haberse enterado de que, pese a lo dicho por el Presidente, se piden renuncias a trabajadores de bajo rango.

Rueda, con otros cuatro compañeros —todos sindicalizados—, puso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el acoso y los malos tratos sufridos durante despidos que consideran injustificados. De acuerdo con los trabajadores, en Notimex han despedido a 70 de 224 trabajadores sindicalizados por "las medidas de austeridad y control presupuestario contenidas en el memorándum de fecha 3 de mayo de 2019, suscrito por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador".