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15.Sep.2020 18:39
Exigen legisladores a autoridades investigar ataque y asesinato en contra de productores agrícolas

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, denunciaron ante autoridades no jurisdiccionales y de procuración de justicia, la violación a los derechos humanos que se han suscitado alrededor del conflicto conocido como del agua de la Presa La Boquilla.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por las y los diputados Georgina Bujanda, Marisela Sáenz, Fernando Álvarez y Jesús Villarreal, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Poder Legislativo.

Se detalló que esta denuncia se presentará en primera instancia, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la presunta ejecución extrajudicial de Jessica Silva Zamarripa y en donde resulte lesionado su esposo Jaime Torres, mismos que fueron atacados por parte de elementos de la Guardia Nacional, por lo que se exige una investigación rigurosa y se solicita la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos para que clasifiquen los hechos ocurridos.
En segundo término, la actual legislatura, denuncia ante el juez federal competente, los posibles actos de tortura de los ciudadanos Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, así como la petición de respetar y verificar la aplicación del protocolo de Estambul, y se evite el uso desmedido e irracional de la fuerza.
En tercera parte, se exhortó a la Fiscalía General de la República para que respete los principios de presunción de inocencia y debido proceso de los ciudadanos detenidos Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez e inicie una investigación por desaparición forzada.
Además, se requirió atentamente al Ejecutivo Federal, que deje de re victimizar a Jessica y Jaime, así como a sus familias y que se abstenga de dar calificativos despectivos hacia sus personas; que evite levantar falsos ante los medios nacionales e internacionales de comunicación, respecto a las personas participantes en las protestas por la extradición del agua en la Presa La Boquilla, en donde los acusa de “huachicoleros”.
Por último, se exhortó al Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Ricardo Mejía Berdeja, para que se limite al ejercicio de sus atribuciones y funciones, que evite profesar insultos en contra de los campesinos y al pueblo entero de Chihuahua, y que no criminalice la protesta por la extracción del agua de la Presa La Boquilla.
Dentro de la exposición de motivos, se determinó que las manifestaciones son un acto libre y lleno de derechos humanos y fundamentales por parte de las y los ciudadanos, sin embargo que poco a poco han escalado el nivel de confrontación, ya que la Guardia Nacional ha reprimido de diversas formas el actual del campesino, a tal grado que se presenciaron lesiones y peor aún, ejecuciones en contra de la población civil.
“Las autoridades federales señalan a Jessica y a su esposo como criminales que atentaron contra el ejército y que los elementos castrenses no tuvieron de otra más que la de repeler la agresión; es por todas y todos conocido que ellos no portaban armas y que menos dispararon en contra del ejército. Es necesario que la Guardia Nacional ofrezca disculpas a las víctimas, tanto directas como indirectas”, se puntualizó.
Se consideró agregar al exhorto, una petición realizada por el diputado Alejandro Gloria, en lo relativo a las declaraciones realizadas por el funcionario público federal antes mencionado, en el sentido de que, si no se realizan cargos correspondientes a las expresiones que realizó, se solicite a la Secretaría de la Función Pública, una sanción administrativa; ya que cualquier declaratoria establecida por un funcionario público tiene consecuencias si estas no son verificables.


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