Chihuahua, Chih.- La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Marisela Terrazas, solicitó al Gobierno Federal que emita rutas claras de prevención y preparación para la atención de los posibles flujos migratorios que continúan llegando a Ciudad Juárez. Indicó, que, a pesar de una disminución en los últimos días, la legisladora advierte que la migración no se detendrá y es necesario tomar medidas adecuadas.

Puntualizó que diariamente llegan entre 800 y 1,200 personas migrantes, incluyendo niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y otros grupos vulnerables, al municipio fronterizo, el cual cuenta con más de un millón y medio de habitantes. Durante su estancia en México, estas personas necesitan atención básica, como alimentos, agua potable, alojamiento seguro y protección.

Expresó que, en un reciente cambio de política migratoria, el Gobierno de Estados Unidos puso fin al Título 42, un protocolo migratorio y de salud impuesto para controlar la propagación del COVID-19. Esta acción dificulta aún más el cruce de la frontera suroeste y fortalece el Título 8, que impone penas de hasta 5 años a quienes sean detenidos intentando cruzar ilegalmente, prolongando así la estancia de los migrantes en las fronteras mientras esperan acceder legalmente.

Ante esta situación, señaló que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha anunciado que México recibirá a 30 mil deportados al mes. Esto plantea preguntas sobre la duración de su estancia en el país, el seguimiento que se les dará y la capacidad de los albergues para recibirlos.

Por ello, Marisela Terrazas, exigió al Gobierno Federal tomar medidas concretas para enfrentar la crisis migratoria en Ciudad Juárez y destacó la importancia de implementar el Protocolo de Atención en México a Personas Migrantes en Flujos Masivos, creado en 2020, el cual establece rutas de atención primaria y coordinación entre las autoridades para cubrir las necesidades básicas y garantizar la seguridad de los migrantes. Además, enfatizó la necesidad de abordar efectivamente las dimensiones de movilidad de la crisis, como la trata y explotación de personas migrantes, especialmente mujeres y menores de edad. Se requiere una respuesta integral para combatir estos delitos de alto impacto.