Una jueza federal en Cuernavaca concedió este lunes una suspensión definitiva con el objetivo de frenar la aprobación de la controversial reforma judicial en México, misma que ya había sido votada en la Cámara de Diputados y que actualmente se encontraba en el Senado para su discusión.

La jueza Martha Magaña López, del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, otorgó la suspensión como parte de un amparo promovido por cuatro jueces federales. El fallo busca impedir que el Senado vote y envíe la reforma a las legislaturas estatales, lo que retrasaría el proceso de cambio constitucional hasta que se resuelva el juicio de amparo.

Según la resolución, "el dictamen no podrá ser considerado y menos aprobado por la nueva legislatura", lo que significa que ni el Senado ni las legislaturas locales podrán avanzar con la reforma hasta que el amparo sea resuelto de manera definitiva.

El Senado Responde
A pesar de la suspensión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que el proceso de reforma continuará sin interrupciones. El morenista destacó que el Senado discutirá el dictamen en comisiones este domingo, con la intención de llevarlo al Pleno la próxima semana. La declaración de Fernández Noroña refleja la tendencia del Congreso de ignorar resoluciones judiciales, como ha sucedido en varias ocasiones durante los últimos años.

Este acto no es aislado. En los últimos años, diversas suspensiones judiciales, incluidas algunas provenientes de la Suprema Corte de Justicia, han sido desestimadas por el Congreso sin consecuencias aparentes. Aunque los jueces pueden denunciar el delito de abuso de autoridad ante la Fiscalía General de la República (FGR), no ha habido acciones judiciales en respuesta a estas violaciones.

Contexto del Amparo
El amparo presentado por los jueces federales surge de la preocupación de que la reforma judicial, que pretende someter a los jueces a elecciones populares en 2025, les impida continuar en sus cargos sin un debido proceso de audiencia o compensación. La jueza Magaña argumenta que su intervención no está dirigida a revisar la Constitución en sí, sino a detener el proceso legislativo hasta que se evalúen las quejas de los promoventes.

El fallo judicial sostiene que "si a los quejosos se les pretende cesar de sus cargos [...] es claro que la suspensión debe otorgarse para evitar que el acto se formalice en la norma suprema", lo que sugiere que una vez aprobada la reforma, podría ser imposible revertir sus efectos.

Fuente: El Tiempo