• La reforma judicial aprobada compromete la autonomía del Poder Judicial y su papel como
contrapeso efectivo.
• La iniciativa fue aprobada sin escuchar argumentos de la sociedad: especialistas,
organizaciones, trabajadores y estudiantes afectando la democracia y la independencia
judicial.
• Con esta reforma, el gobierno mexicano envía una señal preocupante sobre la fragilidad
institucional de México, poniendo en riesgo la relación con nuestros socios comerciales,
el flujo de capital y el crecimiento económico.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) lamenta la reciente
aprobación en el Senado de la República de la reforma al Poder Judicial, una decisión que no
refleja ni toma en cuenta los argumentos presentados por diversas organizaciones sociales,
juristas, estudiantes y medios internacionales, quienes expresaron su preocupación por las
graves implicaciones de esta medida.
La sesión de ayer evidenció una tendencia preocupante de no escuchar todas las voces.
México, que ha demostrado madurez política al encontrar coincidencias, enfrenta ahora una
realidad de imposiciones. En lugar de fortalecer el sistema judicial y promover un diálogo
abierto, hemos sido testigos de un proceso atropellado que no construye una verdadera
justicia para todos. Esta falta de apertura compromete no solo el presente, sino también el
futuro, imponiendo un gran desafío al nuevo gobierno.

Lejos de mejorar y asegurar la independencia del Poder Judicial, esta reforma lo coloca en
una situación de extrema vulnerabilidad frente a intereses políticos y económicos. En
COPARMEX consideramos que es un error seguir adelante con una propuesta que, en lugar
de fortalecer nuestro sistema judicial, podría arriesgar su independencia y eficacia, afectando
directamente la vida democrática del país. El apresuramiento para aprobar esta reforma
responde más a intereses políticos inmediatos que a las verdaderas necesidades de justicia
en México.
Los indicadores económicos son sensibles a cambios que afectan el equilibrio entre poderes.
La pérdida de dicho equilibrio tendrá graves repercusiones en la actividad productiva del país.
La incertidumbre generada por la reforma afectará la inversión nacional e internacional, la
confianza de los mercados y el desarrollo de proyectos clave para nuestra economía.