Hermosillo, Sonora. Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron este lunes un peritaje en las instalaciones de la Guardería ABC, donde hace casi 16 años ocurrió el incendio que cobró la vida de 49 niños. La diligencia, que no fue previamente anunciada a los padres de las víctimas, generó indignación y sospechas entre las agrupaciones que han exigido justicia por más de una década por la pérdida de sus hijos e hijas.

Poco después de las 15:00 horas, varios peritos de la FGR, vestidos con trajes blancos y equipo especializado, ingresaron a las ruinas del inmueble, ubicado en la colonia Y Griega, ubicada al Sur de Hermosillo. Durante más de una hora, los agentes tomaron fotografías y videos del lugar sin ofrecer explicaciones sobre el motivo o alcance de sus investigaciones.

Por su parte, el abogado Gabriel Alvarado Serrano, representante del grupo de padres Manos Unidas, afirmó que el peritaje fue solicitado por algunos familiares con base en información obtenida en los últimos dos años. Sin embargo, cuestionó la repentina diligencia.

“Esto es una farsa, algo que se sacaron de la manga por algo muy turbio que traen. El 20 y 21 de febrero estuvimos en oficinas centrales de la FGR y no tenían contemplado hacer nada, según nos informaron”, declaró. Además, señaló que el procedimiento ocurrió poco después de que los padres solicitaron una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que considera sospechoso.

Por su parte, integrantes del Movimiento Cinco de Junio también rechazaron la actuación de la FGR, asegurando que, pese a haber estado en contacto con la institución recientemente, nunca se les informó sobre la realización de un peritaje físico en el lugar del siniestro.

“Exigimos una explicación. A estas alturas, no hay peritaje que pueda arrojar algún indicio de lo que sucedió hace casi 16 años”, señalaron.

Desde la tragedia del 5 de junio de 2009, las familias han luchado por el esclarecimiento de responsabilidades y el castigo a los culpables. No obstante, denuncian que, a casi tres sexenios del incendio, el acceso a la justicia sigue siendo incierto.

Información: La Jornada