Chihuahua 2 de octubre 2025.- El diputado Pedro Torres Estrada integrante del Grupo Parlamentario de morena elevó ante el Congreso un exhorto a la magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua Marcela Herrera Sandoval, con el fin de que rinda un informe detallado sobre el caso de prisión domiciliaria o “semilibertad” que goza un hombre condenado por el delito de secuestro y que tiene parentesco directo con una magistrada.

El diputado exigió al El Poder Judicial ‘debe garantizar la correcta y transparente aplicación de la ley, especialmente en delitos de alto impacto social como el secuestro, donde la pena tiene un doble propósito: castigar al infractor y proteger a la sociedad y a las víctimas’, en referencia directa al caso del ciudadano identificado como Edgar Hernán Escárcega Valenzuela, quien compurgaba una pena de 52 años de prisión por el delito de secuestro, donde recordó el legislador, el juez de control de nombre Juan Carlos Erives Fuentes al modificar la sentencia, le permitió salir de prisión faltando aún más de la mitad de su sentencia.


Dentro del exhorto se pide también a la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, explique el también darle el beneficio de semilibertad o prisión domiciliaria a Manuel Antonio Villalobos Cruz y Rafael Ramón Cruz Chávez. El de ofrecer argumentos jurídicos del Juez de Control Erives Fuentes para dictar la resolución que modificó la sentencia. El de detallar cómo se asegurará la reparación integral del daño a las víctimas de secuestro, y por último el aclarar las medidas para garantizar la imparcialidad del proceso, dada la relación de parentesco del sentenciado Edgar Hernán Escárcega Valenzuela con la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela.


El diputado por morena motivo su exhorto al señalar que según la Fiscalía General del estado Zona Centro puntualizó que si bien Escárcega Valenzuela ya ha recibido beneficios como la remisión parcial de pena de 10 años y seis meses en su primera sentencia, sólo ha cumplido con cinco años de su condena en un segundo caso y no existen estudios de viabilidad de riesgos vigentes para sustentar una medida como la semilibertad.

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