La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, emitió un comunicado en donde solicitó a la Suprema Corte el "pasar" la conocida "Ley Anti-narcocandidatos" que permite en Chihuahua que aquellos políticos vinculados al crimen no puedan competir en las elecciones.

Expresó en parte de su mensaje: “Hace unos meses, aquí en el estado, en Chihuahua, tomamos una decisión que ningún otro estado del país había tomado: establecer en nuestras leyes a través del Congreso del Estado de Chihuahua que una elección se anulara si en ella interviniera el crimen organizado o si el candidato tuviera vínculos con estos terroristas.No fue una ocurrencia. Fue una respuesta a lo que hemos visto pasar en nuestro país: estados enteros donde el narcotráfico decide quién se registra, quién compite, quién gana, como en Sinaloa. Donde la gente vota, sí, pero la elección ya está decidida por quien tiene las armas. Y Chihuahua dijo: aquí no. Y lo dijimos juntos".

Recordó que la reforma la votaron a favor todas las fuerzas políticas que componen el Congreso del Estado, menos los legisladores morenistas.

“Se logró reformar la ley, incluyendo la anulación de la elección si intervenía el crimen organizado, y se contempló también que tampoco se permitiera competir a los candidatos vinculados con la delincuencia organizada y la muerte”, manifestó Maru.

El martes 29 de septiembre, dijo, la Suprema Corte decidirá si Chihuahua permanece con la ley que “protege las elecciones y el voto libre”.

Tras la aprobación de esta ley, el Partido MORENA interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.