Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su gobierno haya negociado algún acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, a raíz de las investigaciones contra el exfiscal estatal César Jáuregui. También desmintió las versiones sobre un supuesto ofrecimiento de una embajada para la mandataria chihuahuense a cambio de un entendimiento político.

Durante la Mañanera del Pueblo de este martes 20 de octubre, la titular del Ejecutivo federal fue interrogada sobre las versiones que apuntan a un presunto pacto con la gobernadora panista. En respuesta, calificó esas publicaciones como “periodismo de chisme” y “periodismo de ficción”, y aseguró que los procedimientos judiciales no están sujetos a acuerdos entre gobiernos.

Sheinbaum sostuvo que la aplicación de la justicia debe mantenerse al margen de las negociaciones políticas. “La justicia está por encima incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia, eso lo digo con toda claridad”, afirmó.

Al referirse al origen de las investigaciones contra Jáuregui, explicó que el caso está relacionado con la presencia de agentes estadounidenses en un operativo en la Sierra Tarahumara, quienes, según señaló, no contaban con los permisos correspondientes.

La presidenta recordó que el asunto cobró relevancia después de que dos agentes del Gobierno de Estados Unidos murieran en un accidente carretero. Posteriormente, se conocieron detalles sobre las circunstancias en las que se encontraban en territorio chihuahuense.

Añadió que tanto las autoridades de Chihuahua como la Fiscalía General de la República llevaron a cabo investigaciones vinculadas con estos hechos. En ese contexto, cuestionó la posibilidad de que un gobernante acuerde con otro a quién encarcelar y a quién no.

La mandataria enfatizó que corresponde a las fiscalías investigar los hechos, recabar pruebas y presentarlas ante los jueces. También señaló que las autoridades ministeriales deben sustentar sus actuaciones con los elementos y las declaraciones recabadas durante las indagatorias, sin que el Gobierno federal decida quién debe ser detenido.