La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) aclarar las presuntas irregularidades en la contratación de empresas proveedoras de material electoral y transparentar la información sobre los señalamientos que involucran a funcionarios del organismo.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria se refirió a las notas publicadas por el periódico Reforma sobre los vínculos de Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con Corporativo Zeg, una de las empresas proveedoras de material electoral investigadas por presuntas irregularidades.

“Tiene que aclarar el Instituto Nacional Electoral sobre este caso y dar toda la información y la transparencia respecto a ello”, expresó.

La titular del Ejecutivo federal planteó además que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise las contrataciones, aunque expresó dudas sobre las atribuciones del órgano fiscalizador para auditar al INE.

“Si tiene, si es el caso, la Auditoría Superior de la Federación quien debería revisar, porque son recursos públicos, son recursos del pueblo de México”, señaló.

De acuerdo con la información publicada por Reforma, con base en el Registro Público de Comercio, Navarrete Torres recibió un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg el 28 de junio de 2023. Su incorporación a la oficina de Taddei se registró el 15 de abril de 2025.

Según el mismo diario, en su declaración patrimonial de junio de 2026 reportó un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos, sin declarar su relación con la empresa. El secretario ejecutivo del INE, Roberto Félix, manifestó desconocer si Navarrete laboraba en el organismo y señaló que solicitaría información a la Dirección de Administración.

Corporativo Zeg también tuvo como representante legal a Jesús Octavio García González, quien posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE y dejó el cargo en abril pasado, tras cuestionamientos por un posible conflicto de interés.

La empresa y Cajas Graf, vinculadas con los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, han sido objeto de investigaciones de distintas autoridades por presuntas irregularidades y prácticas anticompetitivas. Ambas firmas obtuvieron contratos por 197 millones de pesos para suministrar materiales para la elección judicial de 2025.

En la conferencia también se planteó la posibilidad de fortalecer la participación de Talleres Gráficos de México en la producción de materiales electorales, como alternativa para mejorar los controles sobre los documentos de seguridad.

Al respecto, la presidenta indicó que pedirá a la Secretaría de Gobernación, de la que depende Talleres Gráficos, que informe sobre la operación de esa institución desde el inicio de su administración.