Acusan a la gobernadora de Chihuahua de mentir al afirmar que desconocía la presencia de agentes extranjeros en el estado. El caso podría revelar acciones estadounidenses, previas al operativo antidrogas en el que participaron dos agentes de la CIA que murieron en un accidente. El caso se menciona en la orden de aprehensión contra César Jáuregui, a la que Animal Político tuvo acceso.

Familiares de Richard Halliday, militar estadounidense desaparecido y asesinado en enero de 2025 en Ciudad Juárez, Chihuahua, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos Galván, a quien acusan de mentir al afirmar que desconocía la presencia de agentes extranjeros en la entidad.

De acuerdo con la orden de aprehensión emitida en contra de César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, por su probable responsabilidad en el delito de traición a la patria —a la que Animal Político tuvo acceso—, la denuncia en contra de la gobernadora fue presentada a través de un correo electrónico.

La investigación en contra de Jáuregui Moreno se originó a raíz de un accidente vehicular en la sierra de Chihuahua, donde fallecieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, tras participar en un operativo antidrogas sin contar con autorización del gobierno federal.

El accidente provocó la renuncia del fiscal Jáuregui Moreno y que la gobernadora Maru Campos saliera a informar que desconocía la presencia de agentes estadounidenses o de la CIA en la entidad hasta el día del accidente.

Sin embargo, en la demanda presentada ante la FGR, la familia Halliday afirmó contar con documentación que probaría que Maru Campos recibía reportes directos de inteligencia sobre las operaciones estadounidenses en Chihuahua desde al menos un año antes y que mantenía un esquema de coordinación no autorizado con agencias internacionales.

Por este motivo, la familia de Richard Halliday solicita que se investigue si la gobernadora tuvo conocimiento previo de la presencia de los agentes extranjeros en la entidad.

El 24 de enero de 2025, poco más de un año antes de la muerte de los dos agentes de la CIA en Chihuahua, el Departamento del Ejército de los Estados Unidos clasificó oficialmente el deceso del militar Richard Halliday bajo el estatus de muerte “en acto de servicio” (“in the line of duty”) o mientras este se encontraba en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Esta información comprobaría que, muchos meses antes de que se diera a conocer el fallecimiento de los agentes, que estuvieron presentes en el desmantelamiento de un supuesto narcolaboratorio en El Pinal, entre el 16 y 19 de abril de 2026, ya había elementos extranjeros operando en activo en territorio nacional.

Luego de darse a conocer el accidente en el que perdieron la vida los elementos de la CIA, el 27 de mayo de 2026, la FGR recibió un correo electrónico enviado por Robert Halliday, padre del militar Richard Halliday, asignado a la base militar de Fort Bliss, en Texas. En dicho escrito, la familia sostuvo la existencia de informes sobre la presencia de personal de Estados Unidos en Chihuahua.

“Le escribimos en nuestra calidad de familia de una víctima de asesinato. Tenemos pruebas contundentes de que la gobernadora Maru Campos ha mentido a los fiscales federales y al público mexicano”, señalaron.

En el mismo documento, la familia afirmó que la mandataria estatal mantenía contacto con las operaciones en la región. “La gobernadora Maru Campos mantuvo el control absoluto sobre su administración y dirigió personalmente toda relación ilegal con agencias extranjeras, incluidas las agencias estadounidenses”.

En el correo, la familia adjuntó supuesta documentación relativa a operaciones no autorizadas (“rogue operations”) para corroborar que la mandataria estatal recibía informes directos de inteligencia procedentes de agencias estadounidenses en México.

En su denuncia formal, la familia Halliday sostuvo que su hijo fue asesinado en represalia por haber expuesto redes de tráfico criminal vinculadas a cárteles y operaciones militares irregulares asociadas con el tiroteo en Walmart de El Paso, Texas, en 2019.