Éste domingo 14 de diciembre, en punto de las 9 de la mañana, reanudó la audiencia de imputación en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, acusado de lavado de dinero. Entre tanto, permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Desde los juzgados federales Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, conocido como el Altiplano, la jueza federal María Jazmín Ambriz López resolverá la vinculación o no a proceso en contra del exmandatario, acusado de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de $73 millones 925 mil pesos.

Conformado por Carlos Ríos Peralta, Edith Muñoz Palacios y Dolores Meza Quiroz, el equipo de abogados de Duarte Jáquez argumentaron la falta de elementos suficientes para la acusación, al mismo tiempo que señalan una presunta persecución política como motivación del proceso penal.

Ayer, durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a Ambriz López dictar prisión preventiva en contra de Duarte Jáquez, pues —afirmó— existe el riesgo de que se diera a la fuga, respaldado por una red de corrupción en el Estado de Chihuahua.

«Esta innegable red, creada por el justiciable durante sus años como gobernador, tiene la posibilidad, la capacidad y el alcance necesario para proveerlo de ayuda económica y personal para poder huir y permanecer oculto, siendo un elevadísimo riesgo de sustracción a la acción de la justicia», mencionó la jueza.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó de forma previa que se había tramitado una autorización ante el Gobierno de Estados Unidos el año pasado para procesar a Duarte Jáquez por delitos distintos a peculado y asociación delictuosa, los cargos por los que fue extraditado. Dicha autorización fue concedida el 4 de diciembre.

Según la FGR, el exgobernador está acusado por un esquema de lavado de dinero para ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, que involucra al Sistema Financiero Mexicano.

Sin embargo, la defensa de Duarte sostiene que se trata de los mismos 96 millones de pesos por los que ya está siendo procesado en Chihuahua en la carpeta de investigación 3041, y por los cuales fue absuelto en un procedimiento administrativo.