La Cámara de Diputados aprobó la nueva Reforma Judicial —Marrazo 2.0—, con participación de todos los representantes del estado de Chihuahua, entre quienes hubo 7 a favor y 8 en contra.

Con 341 votos a favor y 124 en contra en la Cámara de Diputados, pasó al Senado la reforma constitucional que aplaza y modifica el proceso de la segunda elección judicial de la historia de México hasta el año 2028 para no empatarse con las votaciones del 2027.

Asistieron los quince diputados chihuahuenses a la sesión. Los siete del bloque de la 4T (Morena, PT y PVEM) votaron a favor del dictamen y los ocho de oposición (PAN, PRI y MC) en contra.

Morena
Severiano Roberto Hernández Ríos (suplente de Daniel Murguía) - a favor

Teresita de Jesús “Maité” Vargas Meraz - a favor

Héctor Armando Cabada Alvídrez - a favor



PAN
María Angélica “Manque” Granados Trespalacios - en contra

Carmen Rocío González Alonso - en contra

PVEM
Alejandro “Alex” Pérez Cuéllar - a favor

PT
Lilia Aguilar Gil - a favor

Jesús Roberto “Nono” Corral Ordóñez - a favor

Greycy Marian Durán Alarcón - a favor

PRI
Juan Antonio “Tony” Meléndez Ortega - en contra

César Alejandro “Alex” Domínguez Domínguez - en contra

Noel Chávez Velázquez - en contra

Graciela “Chela” Ortiz González - en contra

Paloma Domínguez Ugarte - en contra

MC
José Alfredo “El Caballo” Lozoya Santillán - en contra

¿Qué aprobaron?
La reforma pospone la elección de jueces y magistrados, para que no sea en 2027 sino en 2028. Modifica la integración de comités de evaluación para elegir candidatos, incluye exámenes de conocimiento y realiza otros ajustes.

En general, la reforma corrige o mejora áreas de oportunidad identificadas tras la primera elección judicial del 2025, propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los jueces o magistrados que concluirían su encargo en el año de la elección ordinaria de 2027 permanecerán en funciones hasta 2028, concluyendo su encargo hasta que asuman quienes resulten electos ese año.

Los grupos parlamentarios de PAN, PRI y MC manifestaron su rechazo debido a que se oponen a la primera Reforma Judicial y a que se mantiene el mecanismo de elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular.