Firma, prohibición de salir de la ciudad y acercarse a involucrados en la carpeta, fueron las medidas que le dictaron en su contra

Durante la audiencia de formulación de imputación en contra de Donato H.M., señalado por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua como presunto responsable del delito de peculado agravado dentro de la causa penal 894/26, el juez de control en materia penal dictó diversas medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Como parte del desarrollo de la audiencia, celebrada el pasado 4 de junio en una de las salas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el juez determinó que el imputado deberá presentarse de manera periódica a firmar ante el Instituto de Servicios Previos al Juicio, además de imponerle la prohibición de salir de la ciudad y la restricción de acercarse a personas relacionadas con la carpeta de investigación.

Una vez concluida la audiencia, se fijó fecha para la determinación de vinculación o no a proceso en contra de Donato H.M., programada para el 8 de junio por la mañana en las instalaciones del TSJ, informó personal de la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ejecutó la orden de aprehensión emitida por un juez de control en contra de Donato el pasado 3 de junio, por su probable participación en el delito de peculado agravado, dentro de la causa penal 894/26. El imputado se desempeñaba, durante la pasada administración estatal, como médico general del ICHISAL.

De acuerdo con la investigación de la representación social, el hoy detenido, como médico general adscrito al Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL), presuntamente habría participado en los hechos al emitir una receta médica mediante la cual se prescribieron medicamentos oncológicos al también imputado de iniciales A.V.Ch., quien fungía como coordinador estatal de almacenes y farmacias del ICHISAL y actualmente se encuentra vinculado a proceso desde el 7 de abril de 2026.

Las indagatorias establecen que dicha conducta se habría realizado mediante la prescripción y suministro de medicamentos sin justificación médica válida, con indicaciones que no correspondían a un diagnóstico clínico acreditado y fuera de los tiempos establecidos para su canje legal. Asimismo, la investigación señala que el beneficiario de los tratamientos habría sido el propio servidor público encargado del almacén institucional, quien no contaba con una condición médica que justificara la administración de dichos fármacos.

“El caso ha generado profunda consternación social por involucrar medicamentos oncológicos de alta especialidad, destinados a pacientes que enfrentan una de las enfermedades más complejas y devastadoras para las familias chihuahuenses”, citó la Fiscalía Anticorrupción en el boletín emitido el pasado 3 de junio.

El Heraldo de Chihuahua