Chihuahua, Chih.– La diputada Brenda Ríos presentó un exhorto para garantizar legalidad, transparencia y certeza jurídica en los procesos de desarrollo urbano y regularización de la propiedad, al señalar que el crecimiento de la ciudad debe beneficiar por igual a las familias, a quienes invierten conforme a la ley y al interés público.

Durante su intervención, afirmó que el desarrollo urbano no consiste únicamente en construir viviendas, sino en generar empleo, atraer inversión y ofrecer seguridad patrimonial. Señaló que actualmente diversos desarrolladores, especialmente pequeños y medianos, han manifestado preocupación por la falta de uniformidad en algunos procedimientos administrativos y registrales, mientras que más de 30 mil lotes permanecen pendientes de regularización.

“Detrás de cada lote hay una familia que espera escriturar su patrimonio y empresas que han apostado por Chihuahua generando empleo e inversión. Lo que necesitamos son reglas claras para todas y todos”, expresó.

El exhorto propone garantizar que los trámites se realicen con legalidad, objetividad y transparencia; hacer públicos los criterios administrativos y tiempos de respuesta; digitalizar los procedimientos para reducir la discrecionalidad; e investigar posibles prácticas que generen condiciones inequitativas o afecten la libre competencia en el sector inmobiliario.

En otro tema, la legisladora se refirió a las declaraciones realizadas por la presidenta de México durante la conferencia matutina, donde consideró que deben investigarse los señalamientos relacionados con la denominada “Casa Dorada” y la empresa en la que la gobernadora María Eugenia Campos tiene participación mayoritaria y que presuntamente ha obtenido contratos con el Gobierno del Estado.

Brenda Ríos sostuvo que estos hechos deben esclarecerse sin excepciones y reiteró que tanto la gobernadora como el alcalde Marco Bonilla han protegido lo que calificó como un “cártel inmobiliario”, permitiendo privilegios que afectan la competencia y la confianza ciudadana.

“Nadie puede estar por encima de la ley. Chihuahua necesita instituciones que den certeza jurídica, combatan los conflictos de interés y garanticen un desarrollo urbano ordenado, transparente y en beneficio de las familias”, concluyó.