La Fiscalía General del Estado de Morelos imputó al exdirector de Petróleos Mexicanos cargos de violencia familiar y violencia vicaria, tipificado en el Código estatal. Una jueza de control ordenó su prisión preventiva tras la denuncia de su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, quien expuso los hechos en un video de YouTube.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) formalizó cargos contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por violencia familiar y, en particular, por violencia vicaria. La acusación se sustenta en la denuncia presentada por su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, el 26 de junio a través de un video publicado en su canal de YouTube, donde describió agresiones físicas, psicológicas, económicas y el uso de su hijo como herramienta de coacción.

El 8 de julio, una jueza de control decretó la prisión preventiva de Rodríguez Padilla durante el proceso penal, señalando la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga. La denuncia incluye episodios de violencia que comenzaron en 2022 y se intensificaron en marzo de 2024, cuando se grabó una agresión frente al menor, hijo de la pareja.

El fiscal estatal, Fernando Blúmenkron Escobar, explicó que el delito de violencia vicaria está tipificado en el Capítulo IV del Código Penal de Morelos, artículo 213 Octies. La norma define el delito como la utilización de los hijos para infligir daño o sufrimiento a la madre, mediante retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenazas o cualquier mecanismo que obstaculice la convivencia familiar, con el fin de dominar, someter o agredir a la mujer.

Según la legislación de Morelos, la pena por violencia vicaria oscila entre dos y seis años de prisión. Si el agresor es servidor público y obstaculiza la investigación, la sanción puede incrementarse a tres‑ocho años de prisión y una multa equivalente a mil quinientos días de salario mínimo.

El caso ha generado amplio debate sobre la efectividad de las políticas de protección a las mujeres y la necesidad de fortalecer los mecanismos judiciales contra la violencia de género, especialmente cuando involucran a figuras de alto nivel político y empresarial.