Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo este miércoles, por mayoría de votos, dos amparos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, para definir si una persona extraditada de Estados Unidos puede ser procesada en México por delitos distintos de aquellos por los que fue entregada.

El caso fue remitido por el primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del décimo séptimo circuito, que pidió a la Corte determinar, a través de los amparos en revisión 1241/2024 y 1783/2024, si el ex priísta extraditado en 2022 tiene derecho de audiencia y defensa antes de enfrentar nuevos cargos.

El asunto gira en torno a la “regla de especialidad” previsto en el artículo 17 del tratado de extradición celebrado entre México y los Estados Unidos, que sólo permite ampliar los cargos si el país que extradita da su consentimiento.

Duarte fue extraditado en junio de 2022 para enfrentar cargos de asociación delictuosa y peculado agravado por más de 96 millones de pesos.

En 2023 promovió un amparo al alegar que México solicitó a Estados Unidos autorización para juzgarlo por otra causa penal sin respetar su derecho de audiencia. Una jueza federal le dio la razón, anuló la audiencia inicial de agosto de ese año, dejó sin efectos la orden de aprehensión derivada de esa causa y ordenó su libertad.

Las autoridades federales impugnaron la sentencia al sostener que el consentimiento de Estados Unidos forma parte de un trámite diplomático de cooperación internacional y no de un nuevo procedimiento de extradición, por lo que el extraditado no tendría derecho de audiencia en ese proceso. Debido a la trascendencia constitucional del tema, el pleno de la Corte decidió atraer el amparo en revisión.

Cabe señalar que Duarte enfrenta desde diciembre de 2025 un proceso federal por presunto lavado de dinero y permanece recluido en el penal del Altiplano.