Chihuahua, Chih., 10 de septiembre de 2026.- ¿Qué hay realmente dentro de los 21 niveles de la Torre Centinela y qué resultados concretos ha producido una inversión de hasta 4 mil 710 millones de pesos? Esa es la pregunta que la diputada de morena, María Antonieta Pérez Reyes, llevó al Congreso del Estado mediante una proposición con carácter de punto de acuerdo para exigir información detallada sobre la operación de uno de los proyectos más costosos de la estrategia de seguridad estatal.

La legisladora planteó exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y a la Fiscalía General del Estado para que informen qué dependencia ocupa cada nivel, cuántos servidores públicos trabajan ahí, qué funciones realizan, cuánto cuesta su operación y qué resultados pueden atribuirse directamente a la Plataforma Centinela.


Pérez Reyes sostuvo que la seguridad pública no puede evaluarse por la altura de un edificio ni por el número de cámaras instaladas, sino por su capacidad para reducir delitos, esclarecerlos y disminuir la impunidad. “Una cámara puede registrar un hecho. Un algoritmo puede generar una coincidencia. Pero ninguna cámara integra por sí sola una carpeta de investigación; ningún dron sustituye a un Ministerio Público y ningún sistema tecnológico obtiene por sí mismo una sentencia”, advirtió.


La diputada cuestionó que, mientras el Gobierno del Estado ha destinado recursos millonarios a infraestructura tecnológica y de vigilancia, siga siendo necesario conocer con precisión cómo se conecta esa capacidad de detección con la investigación criminal, los servicios periciales, la judicialización y la obtención de sentencias.


Por ello, pidió conocer también la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía, así como la evolución de los indicadores de impunidad y la metodología utilizada para medirlos.


Otro de los puntos centrales del exhorto es la distribución de los 21 niveles de la Torre Centinela. La legisladora consideró inadmisible que, después de años de construcción y de una inversión de miles de millones de pesos, no exista un documento público, actualizado y verificable que permita saber con claridad quién ocupa cada espacio, para qué lo utiliza y qué resultados debe generar.


También solicitó aclarar las versiones públicas sobre una eventual presencia o mecanismo de enlace con agencias estadounidenses como FBI, DEA, HSI y CBP, así como cualquier convenio, autorización o instrumento jurídico relacionado.


Pérez Reyes pidió además que se transparente el costo del proyecto, distinguiendo entre monto autorizado, contratado, modificado, ejercido y pagado, así como obra civil, tecnología, mantenimiento, operación y saldos pendientes. “El problema no es preguntar si la Torre Centinela es grande. Eso todos podemos verlo. El problema es saber si es eficaz”, sostuvo.


La diputada señaló que una estrategia integral de seguridad debe cerrar toda la cadena: prevención, vigilancia, reacción, investigación, judicialización y sentencia. “Podemos tener más cámaras, más software y más pantallas. Pero si no tenemos suficientes investigadores, ministerios públicos, peritos y capacidades para llevar los casos ante un juez, corremos el riesgo de tener una mayor capacidad para observar el delito sin una capacidad equivalente para esclarecerlo y sancionarlo”, afirmó.


Finalmente, María Antonieta Pérez Reyes subrayó que la seguridad no se mide en metros de altura, sino en resultados verificables: delitos esclarecidos, carpetas judicializadas, sentencias obtenidas y reducción real de la impunidad. “Una torre puede vigilar una ciudad desde las alturas. Pero ningún edificio, por alto que sea, puede sustituir la investigación penal ni rendir cuentas por los resultados de una política pública.”