Nadie que sirva o haya servido en el Gobierno del Estado está por encima de la ley, afirmó la gobernadora María Eugenia Campos Galván al pronunciarse sobre el caso del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

“Nadie que sirva o que haya servido en mi gobierno, nadie está por encima de la ley. En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie”, declaró en un mensaje.

La mandataria recordó que el 24 de abril, un día después de reunirse con el secretario de Seguridad federal para tratar el operativo de El Pinal, municipio de Morelos, anunció la creación de una unidad especializada en la Fiscalía General del Estado. Explicó que el acuerdo de creación le otorgó el mandato de investigar la posible comisión de delitos o faltas graves por parte de servidores públicos y deslindar responsabilidades, en coordinación con los órdenes de gobierno.

Señaló que en su momento se comprometió a no emitir pronunciamientos mientras la investigación estuviera en curso. Según explicó, la investigación concluyó su etapa inicial la semana pasada y derivó en la judicialización del caso por los delitos del fuero común que los hechos acreditan.

“La Fiscalía del Estado hizo lo que le corresponde y ha informado oportunamente el estado del proceso. La determinación del proceso corresponde al Poder Judicial”, expresó.

Respecto al proceso federal, la gobernadora indicó que la Fiscalía General de la República judicializó una causa distinta, en el ámbito de su competencia y con base en sus propias investigaciones. Aseguró que Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que requiera la Federación en el marco de la ley.

Agregó que, si de las investigaciones en curso derivan otros hechos relacionados con el ejercicio del cargo del exfiscal, la Fiscalía del Estado actuará en el ámbito de su competencia y aportará a la autoridad federal toda la información que requiera.

A Jáuregui Moreno se le imputan los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, por la presunta participación de personas de nacionalidad extranjera en el operativo de abril sin la autorización federal correspondiente.