En videoconferencia aseguró que no hay pruebas directas en su contra y su defensa cuestionó la competencia de la Fiscalía

Chihuahua.- El exfiscal general de Chihuahua, César J.M., rechazó las acusaciones en su contra por la presunta intervención ilegal de agentes extranjeros en un operativo y aseguró que la Fiscalía no presentó una orden, documento o prueba directa que lo vincule con la autorización de esas acciones.

Durante una audiencia por videoconferencia desde el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, el exfuncionario sostuvo ante el juez de Control Luis Alberto Simental Ortega que su actuación al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) se mantuvo dentro de sus atribuciones legales y constitucionales.

“No hay datos sobre un comportamiento ilícito de mi parte. No existe una orden, ni documento, ni prueba directa donde se demuestre que solicité o autoricé la intervención clandestina de elementos extranjeros en ningún operativo”, afirmó.

Jáuregui Moreno señaló que el volumen del expediente y las dificultades técnicas complicaron la revisión de la causa penal, pero insistió en que los elementos presentados por el Ministerio Público no acreditan que haya actuado al margen de la ley.

Argumentó que las reuniones con mandos y personal de las distintas unidades, así como la recepción de informes sobre operativos, formaban parte de sus responsabilidades institucionales y no pueden interpretarse, por sí mismas, como evidencia de su participación en actividades ilícitas.

Por su parte, la defensa solicitó que el exfiscal no sea vinculado a proceso, al cuestionar la competencia de la autoridad investigadora, la falta de pruebas directas y las inferencias que, a su juicio, sustentan las imputaciones.

Los abogados sostuvieron que la Fiscalía General del Estado carecía de facultades para integrar la investigación, debido a que, por la naturaleza del caso y la existencia de disposiciones específicas, correspondía intervenir a la Fiscalía Anticorrupción. Por ello, cuestionaron la validez de las actuaciones realizadas por la unidad investigadora.

También acusaron al Ministerio Público de equiparar tres circunstancias distintas; la celebración de reuniones de trabajo, el conocimiento de un operativo y la autorización para que participaran agentes extranjeros.

“El conocer la existencia de un operativo de ninguna manera demuestra automáticamente las dos restantes”, planteó la defensa, al señalar que la Fiscalía pretende atribuir responsabilidad al exfuncionario a partir del cargo que ocupaba, sin acreditar una instrucción o autorización de su parte.

Como parte de sus argumentos, los abogados citaron el Informe Policial Homologado elaborado por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) el 20 de abril de 2026, sobre los hechos ocurridos dos días antes, en los que murieron dos ciudadanos estadunidenses.

Según la defensa, el documento consigna que ambos realizaban labores relacionadas con la operación de drones y que esa circunstancia fue comunicada formalmente al entonces fiscal por sus subordinados. A juicio de los litigantes, ese registro contradice la hipótesis de que se trató de una acción clandestina concebida por Jáuregui Moreno.

Respecto al señalamiento de que el exfiscal carecía de atribuciones para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas, los abogados afirmaron que ese aspecto no formó parte de la imputación original.

Invocaron las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina de este jueves, en las que precisó que el proceso contra el exfuncionario está relacionado con la presunta participación de extranjeros y no con la intervención en narcolaboratorios.

La defensa insistió en que una eventual vinculación a proceso debe sustentarse en datos de prueba razonables y fiables, no en conjeturas ni interpretaciones subjetivas, por lo que pidió al juez valorar la insuficiencia de los elementos presentados por la representación social.