Chihuahua, Chih., a 22 de junio del 2026.- El diputado Oscar Avitia Arellanes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una reserva al dictamen de reforma de la Ley Electoral local, tras señalar que no pretende reducir la lucha contra la violencia política en razón de género a un simple trámite de papel, ignorando propuestas de fondo para proteger la participación de las mujeres y combatir los discursos de odio.

En tribuna el legislador explicó que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales únicamente realizó una referencia breve y superficial de la iniciativa 1409 que presentó en febrero del año en curso. Dicha propuesta contempla mecanismos operativos urgentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres y regular de manera estricta los discursos de odio en la entidad.

“La iniciativa en cuestión no se limita a formular reflexiones de carácter doctrinal o político sobre la problemática planteada; por el contrario, contiene propuestas concretas encaminadas a fortalecer la actuación de las autoridades electorales en la investigación de conductas constitutivas de violencia política en razón de género, así como mecanismos destinados a robustecer la protección de las víctimas y la respuesta institucional frente a este tipo de conductas”, detalló.

El legislador indicó que un conjunto de reformas a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua debe sustentarse en un análisis exhaustivo y profundo, dado que implica la tutela efectiva de los derechos político-electorales de todas las personas chihuahuenses, particularmente de aquellos grupos que históricamente han enfrentado obstáculos para acceder y participar plenamente en la vida pública.

En ese sentido, subrayó que es indispensable prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como cualquier manifestación de discriminación o intolerancia que atente contra la dignidad humana, es decir, los discursos de odio.

Agregó que en dicha iniciativa también se planteó la necesidad de abrir un debate legislativo más amplio respecto de los discursos de odio y su impacto en la vida democrática, destacando la importancia de generar herramientas jurídicas que permitan prevenir prácticas discriminatorias que menoscaban la participación política y la construcción de ciudadanía.

“Fortalecer la democracia exige no solo reconocer los problemas que afectan la participación política de las personas, sino también traducir las propuestas legislativas en disposiciones concretas, eficaces y jurídicamente operativas. De lo contrario, el proceso legislativo corre el riesgo de reducirse a una mera referencia sin trascendencia jurídica , sin generar los cambios normativos necesarios para atender las problemáticas que pretende resolver en nuestra sociedad.”, sentenció Avitia Arellanes.