La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, Dra. Ada Miriam Aguilera Mercado, informó que el fenómeno del desplazamiento forzado continúa presentándose en diversas regiones del estado, por lo que desde hace algunas semanas el organismo inició una investigación más puntual sobre esta problemática en coordinación con diversas instancias estatales.

Explicó que la CEDH participa como invitada dentro de una comisión integrada por diferentes dependencias gubernamentales, donde se realizan acompañamientos humanitarios con el objetivo de vigilar que las autoridades respeten y garanticen los derechos de las personas que han tenido que abandonar sus lugares de origen.

Aguilera Mercado señaló que además se desarrollan investigaciones de oficio para conocer con mayor precisión las condiciones en las que se encuentran estas familias, obtener información directa y corroborar si existe alguna situación irregular que pudiera vulnerar sus derechos humanos.

La entrevistada destacó que actualmente los municipios de Parral y Delicias registran casos relacionados con esta problemática, aunque precisó que la mayoría de las personas desplazadas provienen de comunidades de la Sierra Tarahumara y posteriormente son reubicadas o asentadas en ciudades como Delicias.

El desplazamiento forzado interno ocurre cuando una persona o grupo de personas se ve obligado a abandonar su hogar o lugar de residencia habitual debido a situaciones de violencia, conflictos armados, violaciones a derechos humanos o incluso desastres naturales, sin salir del territorio nacional.

Especialistas señalan que este fenómeno representa una grave afectación a los derechos humanos, ya que las personas desplazadas enfrentan la pérdida de vivienda, patrimonio, acceso a servicios básicos y, en muchos casos, dificultades para integrarse a una nueva comunidad.

La titular de la CEDH reiteró que el organismo continuará dando seguimiento a los casos detectados en Chihuahua para garantizar que las personas desplazadas reciban atención adecuada y que sus derechos sean protegidos por las autoridades competentes.

Mayra Hermosillo González