Chihuahua, Chih.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó en lo general, con una votación de 21 votos a favor, 11 en contra y una abstención, el dictamen orientado a reformar diversos ordenamientos legales del Estado de Chihuahua en materia electoral. No obstante, la fisonomía final del documento sufrió modificaciones sustanciales en lo particular luego de que fueran avaladas una serie de reservas de gran impacto político presentadas por los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Zubía, Jaime Torres Amaya y Carlos Olson.

La propuesta que generó mayor repercusión fue la impulsada por el legislador Arturo Zubía, quien integró con éxito una reserva para eliminar de forma definitiva la posibilidad de reelección para los cargos de elección popular en la entidad, aplicando esta restricción de manera específica a las posiciones de diputaciones locales y regidurías.

Asimismo, el propio Zubía promovió una modificación para regular y ajustar a la baja el número de regidores en diversos ayuntamientos del estado. Con este cambio, se estableció que los municipios de Ahumada, Aldama, Ascensión, Balleza, Bocoyna, Buenaventura, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Riva Palacio, Rosales, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Urique e Ignacio Zaragoza contarán únicamente con 7 regidores electos por el principio de mayoría relativa y 5 por la vía de representación proporcional.

Por su parte, el diputado Jaime Torres Amaya propuso una adición para garantizar de forma equitativa los espacios destinados a las comunidades originarias. La reforma obliga ahora a los partidos políticos a registrar una fórmula indígena bajo el principio de mayoría relativa y otra más por la vía de representación proporcional, abriendo con ello la posibilidad real de que los pueblos indígenas accedan a una curul en el Congreso local por cualquiera de ambas vías.

Finalmente, el legislador Carlos Olson presentó una reserva enfocada en robustecer el marco de acción de las fuerzas políticas. Su propuesta determinó blindar la autodeterminación de los partidos políticos, frenar de tajo las interpretaciones amplias por parte de la autoridad electoral (Instituto Estatal Electoral) y establecer la prohibición expresa de que dicho órgano autónomo cree reglas o lineamientos adicionales a los que ya se encuentran formalmente establecidos en la Ley.