Dentro de la Sesión Ordinaria del Congreso fue aprobada la petición de la diputada Leticia Ortega Máynez, en la cual se exhortó a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para que, publique e implemente un Protocolo de Actuación para la investigación de delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad dentro de instituciones educativas, de cuidado y custodia, con perspectiva de infancia, género y derechos humanos.

Lo anterior, a realizarse en coordinación con las autoridades competentes y organismos especializados en materia de derechos humanos, educación y protección de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo a lo expuesto por la iniciadora, la violencia sexual cometida dentro de instituciones educativas o de cuidado constituye una de las expresiones más graves de abuso de poder, pues en ellas los agresores se valen de su posición jerárquica o de confianza para vulnerar la integridad y la dignidad de las víctimas.

Por ello, con la petición planteada, se busca establecer lineamientos claros para la prevención, denuncia, investigación y atención integral de este tipo de delitos, incorporando una perspectiva de infancia, género y derechos humanos que garantice la protección efectiva de las víctimas.

La Legisladora agregó que, en los últimos años, diversos medios de comunicación y organizaciones civiles han documentado un incremento alarmante de casos de violencia sexual en escuelas, guarderías y centros de atención infantil. De acuerdo con la ficha técnica Infancia y Adolescencia en Chihuahua 2024, durante 2022 se registraron 915 casos de violencia sexual contra personas de entre 1 y 17 años de edad, de los cuales el 97.4% correspondió a mujeres.

Treinta de estos casos ocurrieron dentro de instituciones educativas, colocando a Chihuahua entre las entidades con mayor incidencia a nivel nacional.

Asimismo, una encuesta del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), realizada en los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas Grandes, reveló que el 7.9% de niñas, niños y adolescentes dijo haber sufrido violencia sexual en el entorno escolar, mientras que en jóvenes y adultos la cifra fue del 4.1%.

Dichas cifras reflejan una realidad preocupante, ya que los espacios que deberían ser seguros para el desarrollo y la educación de niñas, niños y adolescentes también pueden ser escenario de agresiones, es por ello que el Congreso del Estado destacó la urgencia de contar con mecanismos y protocolos especializados que aseguren la protección de las y los menores de edad.