Un juez vinculó a proceso a Guerrero Arturo M. P., detenido por ostentarse como gestor de Gobernación en el municipio de Rosales y recibir pagos por 245 mil pesos para el trámite de permisos de alcohol a un negocio, por lo que fue acusado de los delitos de fraude y falsificación de documentos.

La Unidad de Investigación Ministerial de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, con sede en el municipio de Meoqui, obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Guerrero Arturo M. P., por su probable responsabilidad en los delitos de fraude y falsificación de documentos.

Durante la audiencia celebrada ante un Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González, dentro de la causa penal 793/2025, el agente del Ministerio Público expuso los elementos de prueba con los que se acreditó la posible participación del imputado en los hechos.

De acuerdo con la investigación, Guerrero Arturo M. P. se habría ostentado como gestor de la Secretaría de Gobernación y ofreció a la víctima realizar el trámite para obtener un permiso de venta de bebidas alcohólicas para un establecimiento comercial ubicado en el municipio de Rosales. Bajo este argumento, presuntamente recibió diversas cantidades de dinero en efectivo.

Las indagatorias señalan que la víctima entregó al imputado un total de 245 mil pesos, distribuidos en varios pagos: 110 mil pesos en una primera entrega; posteriormente 50 mil pesos el 30 de octubre de 2021; otros 50 mil pesos el 11 de enero de 2022; y finalmente 35 mil pesos el 12 de marzo de 2022.

Las autoridades establecieron que el imputado entregó a la víctima permisos provisionales apócrifos, haciéndole creer que el trámite avanzaba de manera regular. Fue hasta octubre de 2023 cuando la persona afectada descubrió que los documentos eran falsos y que no existía ningún procedimiento oficial a su favor para la venta de alcohol, lo que le generó un daño patrimonial por el monto señalado.

Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, el Juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.