La 68 Legislatura de Chihuahua, exhortó a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado a procurar entre todos los actores administrativos de la educación, omitan requerir de manera indebida documentación sujeta a criterios de temporalidad o vigencia limitada como requisito de inscripción escolar, reconociendo la validez plena de las actas previamente expedidas por el Registro Civil.

Lo anterior luego de aprobar la proposición presentada por la diputada Rosana Díaz Reyes, quien señaló que condicionar la inscripción a la presentación de actas de nacimiento recientes constituye una limitación indebida al acceso a la educación, consagrada en el artículo Tercero Constitucional.

Al respecto, dijo que la burocratización excesiva de los trámites educativos, lejos de responder a un criterio de eficiencia o seguridad jurídica, la práctica de solicitar documentos actualizados sin razón válida, refleja un rezago institucional que contradice los principios de simplificación y accesibilidad que deben guiar a la administración pública.

Dijo que no existe en la legislación estatal o federal, un precepto que obligue a la ciudadanía a renovar periódicamente la documentación para trámites administrativos, mucho menos para acceder a la educación.

Sin embargo, pese a ello, se ha vuelto una conducta constante y reiterada en distintas instituciones educativas, solicitar a madres y padres de familia copias recientes de las actas, bajo el argumento de que se requiere información “actualizada”.

“Esta práctica, además de carecer de fundamento legal, representa una carga económica innecesaria para las familias chihuahuenses, quienes deben destinar recursos a la obtención de un documento que ya poseen en regla”, señaló la legisladora.

Finalmente, aseveró que, en el contexto económico actual, incluso gastos aparentemente menores pueden representar una presión significativa para muchos hogares; en donde el costo de traslado a las oficinas del Registro Civil, el tiempo invertido en filas, la espera en sistemas digitales que no siempre funcionan de manera adecuada y la erogación de recursos por un trámite redundante, constituyen un lastre adicional para las familias de escasos recursos.