Chihuahua Chih, 2 de octubre 2025.- Herminia Gómez Carrasco diputada integrante del Grupo Parlamentario de morena, sometió ante el Congreso proyecto con carácter de decreto con el objetivo de modificar el artículo 13 de la Ley Estatal de Educación y con ello las supervisoras, supervisores, inspectoras e inspectores escolares tengan un menor número de escuelas a su cargo.

En Chihuahua la plantilla del Subsistema Estatal de Educación para el 2025 se tiene un total de 100 plazas de inspectores, donde únicamente 21 corresponden a educación preescolar, en contraste con las 45 asignadas a educación primaria, lo que refleja una proporción de dos a uno, dijo la diputada Gómez Carrasco. Mientras que en un segundo ejemplo, tan solo en la región centro existen seis (6) supervisoras y supervisores que atienden a escuelas públicas y privadas, con una carga laboral de entre 30 a 36 escuelas; algo que resulta excesivo señaló la diputada, dado que sus funciones comprende tanto actividades de carácter administrativo como académico. Por ello Chihuahua presenta una carga laboral que supera los límites recomendables al propiciar estrés crónico, fatiga, agotamiento emocional derivados de jornadas prolongadas y de la alta demanda de atención.

Aunado a lo anterior argumento la congresista Herminia Gómez, las supervisoras y supervisores desarrollan funciones cambiantes en comparación con años anteriores, ya que actualmente existe una mayor incidencia de niñas, niños y adolescentes con neuro divergencia, como TDAH, Autismo, dislexia, entre otras; ‘se estima que en cada salón de clases puede haber al menos 5 estudiantes con estas características, lo que evidencia la necesidad de que el personal docente y directivo cuente con formación, recursos y apoyos adecuados’ denunció la congresista.

Por ello la diputada por morena solicitó al Congreso modificar la fracción L del artículo 13 de la Ley Estatal de Educación, señalando que se delimitará en regiones escolares, a cargo de Supervisores Escolares, Inspectores u homólogos. Cada supervisor tendrá bajo su responsabilidad la vigilancia de instituciones educativas públicas o privadas que no podrán ser más de 14 escuelas. Mientras que el Poder Ejecutivo estatal deberá abrir las plazas correspondientes cada vez que el número de escuelas rebase el número permitido por persona y contemplarse recursos para ello en el próximo presupuesto de egresos del ejercicio fiscal.